Emergencia en Discapacidad: la Justicia puso fecha límite al Gobierno para aplicar la ley
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La Justicia federal intimó al Gobierno nacional a implementar de manera efectiva la Ley de Emergencia en Discapacidad y fijó como fecha límite el 4 de febrero de 2026 para que la norma esté plenamente vigente. La decisión se tomó luego de que el Poder Ejecutivo apelara en diciembre el fallo que ordenaba su inmediata aplicación.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, fue quien advirtió al Estado Nacional que deberá acreditar en un plazo de cinco días los avances concretos en la implementación de la ley, bajo apercibimiento judicial.
Un fallo en plena feria judicial
La resolución fue dictada en plena feria judicial y reafirma la plena validez de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia había sido suspendida por el Gobierno mediante el Decreto 681/2025.
El magistrado declaró inválido el artículo 2 de ese decreto, que suspendía la aplicación de la norma, y remarcó que, pese a la apelación del Ejecutivo, la ley debe cumplirse hasta que se expida la Cámara de Apelaciones.
Fecha clave: 4 de febrero
En su resolución, González Charvay fundamentó con precisión el plazo establecido. Señaló que la ley prevé un plazo de 30 días para su reglamentación, y que el cómputo debe iniciarse a partir del 18 de diciembre de 2025, fecha en la que se concedió la apelación con efecto devolutivo.
“Toda vez que la Ley de Emergencia citada debe estar reglamentada dentro de los treinta días, hágase saber a las partes que la norma deberá estar en plena ejecución para el día 4 de febrero de 2026, sin perjuicio de lo que resuelva el tribunal superior”, sostiene el fallo.
La apelación del Gobierno
El Poder Ejecutivo había apelado en diciembre la sentencia que ordenó aplicar de manera inmediata la ley y que dejó sin efecto el decreto que suspendía su vigencia. Sin embargo, la apelación no tiene efecto suspensivo, por lo que el fallo debe cumplirse mientras la causa es analizada por la Cámara Federal de San Martín.
El fallo tiene alcance colectivo y representa un nuevo revés judicial para el Gobierno en su intento de frenar la implementación de la emergencia.
Un reclamo sin respuestas
Mientras el Gobierno sostiene que cumple con la normativa vigente, organizaciones y familias vinculadas al ámbito de la discapacidad denuncian que la emergencia sigue sin respuestas concretas, con demoras en prestaciones, pagos y asistencia estatal.
La decisión judicial vuelve a poner el foco en la urgencia de aplicar la ley y en la obligación del Estado de garantizar derechos en uno de los sectores más vulnerables.
