El Gobierno Nacional eliminó el plus por presentismo en el empleo público y profundiza su política de ajuste del gasto
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El Gobierno nacional oficializó la eliminación del plus por presentismo para trabajadores del Estado encuadrados en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), una medida que impacta de manera directa en el salario de miles de empleados de la administración central.
La decisión se inscribe dentro del programa de reducción del gasto y reordenamiento del empleo estatal que impulsa la gestión del presidente Javier Milei. En términos prácticos, implica la quita del denominado “Premio Estímulo a la Asistencia”, un adicional que se abonaba a quienes no registraban inasistencias mensuales y que, según la categoría, podía representar hasta $150.000.
A quiénes alcanza la medida
La eliminación del plus aplica exclusivamente a los trabajadores comprendidos en el SINEP, es decir:
- Personal de la Casa Rosada y ministerios nacionales
- Organismos descentralizados
- Dependencias de la Administración Central
No alcanza a empleados provinciales ni municipales, aunque la señal política es observada con atención por las jurisdicciones subnacionales.
Qué cambia en el salario
Hasta ahora, el presentismo funcionaba como un componente fijo en la práctica, ya que la mayoría de los agentes lo percibía regularmente. Su eliminación representa una reducción directa del ingreso neto mensual.
Desde el Ejecutivo argumentan que la medida apunta a simplificar el esquema de liquidación salarial y optimizar recursos públicos. En línea con el discurso oficial, el objetivo es desarticular mecanismos que, según sostienen, consolidaron estructuras de gasto rígidas dentro del Estado.
Para los trabajadores, en cambio, el adicional no era visto como un premio extraordinario, sino como parte constitutiva del salario. En un contexto en el que las paritarias estatales vienen ajustándose por debajo o en línea con la inflación, la quita del ítem implica una pérdida concreta de poder adquisitivo.
Ajuste estructural y clima sindical
La decisión se suma a otras medidas adoptadas en el último año: reducción de contrataciones, revisión de vínculos laborales y congelamiento de estructuras. El mensaje político es claro: el Gobierno mantiene una línea consistente de achicamiento del Estado nacional como parte central de su programa económico.
El impacto, sin embargo, trasciende el plano administrativo. En distintas provincias —incluida Misiones— legisladores y representantes alineados con el oficialismo nacional acompañaron votaciones clave en el Congreso vinculadas al reordenamiento fiscal y a reformas estructurales. Pero, en paralelo, en los territorios comienzan a intensificarse los reclamos salariales de empleados públicos que enfrentan la misma presión inflacionaria y pérdida de ingresos.
El contraste es evidente: mientras desde la Nación se profundiza la política de contención del gasto y reducción de componentes salariales, en las provincias crecen las demandas de recomposición salarial, reapertura de paritarias y actualización de haberes.
Un cambio de paradigma
La eliminación del presentismo no es un hecho aislado, sino parte de una transformación más amplia del modelo de empleo público. El Gobierno apuesta a reducir el peso del Estado en el presupuesto y a redefinir los incentivos internos del sector.
Queda por ver cómo evolucionará el frente gremial en las próximas semanas y si la tensión entre la estrategia nacional de ajuste y los reclamos salariales en las provincias derivará en nuevos conflictos sectoriales.
Por ahora, la señal es inequívoca: la administración nacional sostiene sin matices su hoja de ruta de reducción del gasto público, aun cuando el costo político y social comience a sentirse con mayor intensidad en distintos puntos del país.
